Tortura: visibilizar lo invisible

La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura es una entidad civil que lucha por erradicar la tortura en España. La práctica de la tortura se considera propia de las dictaduras y es muy difícil que sea reconocida en Estados que presumen de ser democráticos, como es el caso de España. Por DANI FONT.

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Manifestación anti-tortura en Bilbao.

Manifestación anti-tortura en Bilbao.

«Denunciar la tortura es una práctica política de confrontación contra un estado, en nuestro caso el español», explica Carlos Hernández (Pote), del colectivo Salakheta de Euskal Herria, explica. A mi entender, uno de los pilares básicos de cualquier estado, por no decir el que más, es el monopolio legítimo de la violencia. La tortura es la peor de las consecuencias de ese monopolio, no solo por su existencia, sino porque el Estado es muy reacio a admitirla y por tanto su investigación es muy difícil. En España, desde 2005, existe la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT). Recientemente celebró su décimo aniversario al que tuve oportunidad de asistir y su portavoz, Jorge del Cura, al mismo tiempo que se mostraba feliz por lo conseguido, como poner fin a las balas de goma o el cese del director general de los Mossos d’Esquadra, Manel Prat, era consciente de lo mucho que queda aún por hacer.

Me resulta difícil empezar porque la tortura es una quimera de miles de brazos. Pero a diferencia de las quimeras, la tortura existe aunque las instituciones la nieguen una vez tras otra. «En Sudamérica todo el mundo acepta que sucede tortura. Aquí pasa exactamente al revés, no se admite, un negacionismo total porque la tortura es un crimen de estado y jurídicamente no se acepta. Allí se acepta banalmente, aquí se niega y nadie se hace cargo», comenta Iñaki Rivera director del Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos (OSPDH) de la UB. Y añade: «España es el paradigma de la amnesia fruto de la falta de cultura política de los últimos años sumado a la adormidera que ha producido el confort». El resultado de mirar hacia otro lado es que apenas se hace eco en los medios hechos como que desde 2004 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), máxima instancia europea en materia de derechos humanos, ha emitido seis denuncias contra el Estado español por no investigar denuncias de torturas. «El TEDH es el último recurso que les queda a las personas que denuncian haber sufrido tortura agotadas las vías ordinarias y extraordinarias internas para presentar las demandas», explica la abogada Mònica Tarradellas. «En las sentencias por tortura del TEDH se condena a un país, no a una persona o institución, porque no se han investigado los casos y se insta a los estados a cumplir con sus obligaciones».

Acuerdos internacionales

Sin embargo, hasta la fecha, en España no se han hecho muchos pasos para corregir o al menos admitir que existen casos de tortura dentro de su frontera. Lo primero es negarlo, como hacía el diputado del PSOE de Madrid Óscar Iglesias en el programa Fort Apache de HispanTV. Bajo el axioma «esto es un estado de derecho, por tanto, no hay tortura», el socialista negaba la tortura a pesar de los informes y datos que le mostraban. Y si no se puede negar, cuando el abuso de un funcionario es evidente, se afirma que es un caso aislado.

«Las víctimas de tortura muchas veces no se sienten legitimadas a denunciar porque creen que no les han torturado tanto como a otras»

Pasos sí se han hecho en cuanto a acuerdos internacionales. Y como solo se legisla en relación a aquello que sucede, hemos de pensar, por tanto, que la tortura existe. En 2014 se cumplen 30 años de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara, en diciembre de 1984, la Convención  contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Entró en vigor tres años después, una vez alcanzado el número de ratificaciones necesario, incluida la del estado español. La Convención busca impedir el uso de la tortura por parte de los estados, sin admitir ninguna excusa ni situación extraordinaria, como la guerra o la lucha contra el terrorismo como sucedió con el GAL en España. No es el único tratado al que se han adherido los gobiernos españoles. También se firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas; la Convención Europea para la Prevención de la Tortura y Penas o Tratamientos Inhumanos o Degradantes; se han ratificado los mecanismos del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y Penas o Tratamientos Inhumanos o Degradantes.

             Dibujo

El último en ser ratificado fue el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas de 2003, ratificado por España en 2006. Quiero destacar dos artículos. Uno de ellos, el artículo 1, expone lo siguiente: «El objetivo del presente protocolo es establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes». Sin embargo, Ramon Piqué, profesor de Tecnologies de la Traducció a la UAB y presidente de l’Associació Memòria Contra la Tortura, explica: «Esto implicaba para todos los firmantes que subcomités del Consejo de Europa podían hacer cualquier visita, sin previo aviso, por primera vez en la historia a nivel internacional, aunque, de hecho, siempre avisaban y nunca veían nada». Piqué fue torturado en 1992. En su caso pasaron 12 años hasta que el TEDH condenara al Estado español por no haber investigado las denuncias de tortura. El primer juez que desestimó las denuncias fue Baltasar Garzón.

«La tortura es la negación absoluta de toda civilización»

El otro artículo que quiero destacar, el 17, guarda relación directa con los mecanismos adoptados por el Estado español para prevenir la tortura. Dice lo siguiente: «Cada Estado Parte mantendrá, designará o creará, a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Protocolo, o de su ratificación o adhesión, uno o varios mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel nacional. Los mecanismos establecidos por entidades descentralizadas podrán ser designados como mecanismos nacionales de prevención a los efectos del presente Protocolo si se ajustan a sus disposiciones». En lugar de un año, pasaron seis. Se creó el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura y se eligió al Defensor del Pueblo como organismo que debía actuar de manera preventiva para evitarla. Yolanda Ferreiro, abogada y Vicepresidenta del Observatorio para a defensa dos dereitos e liberdades (Esculca), explica que este mecanismo «no tuvo reglamento de funcionamiento, ni presupuesto hasta 2012, un ejemplo de la marca España». Y añade: «Los límites del Defensor del Pueblo son muchos: no puede actuar en casos en vía judicial, no es independiente y cuando se les presenta una denuncia responden que no pueden hacer nada». Esculca y el resto de entidades que forman parte de la CPDT lamentan que se perdiese la gran oportunidad que ofrecía el Protocolo de generar un mecanismo más eficaz con presencia de la sociedad civil, para prevenir y tratar de erradicar la tortura.

Ante la falta de voluntad institucional y animados por el Protocolo de Naciones Unidas, la sociedad civil se organizó alrededor de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, que nació en 2005 con la tarea casi imposible de erradicar la tortura. 

Tortura, torturadores y torturados

Para evitar confusiones dejemos claro qué es cada cosa. Dice el artículo 1º de la Convención de la ONU contra las Tortura y otras penas y/o tratos inhumanos o degradantes que «se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento». Subrayo el aspecto de que la ejerce un funcionario público, que es lo que hace a los Estados responsables de que esto ocurra. La tortura, es además, un crimen en el derecho internacional tal y como explica Naciones Unidas, y no puede justificarse en ninguna circunstancia. La tortura, explica Del Cura, «es un mecanismo que se practica con tres finalidades: inquisitiva, para obtener información; punitiva, castigar a quién hace algo indebido; coactiva y discriminatoria, para evitar que se haga algo. La tortura puede ser ejercida por una, por dos o por las tres finalidades. Por ejemplo, las personas que tratan de llegar a Europa a través de la Frontera Sur y son torturados, la finalidad de esa práctica es tanto punitiva como coactiva». Del Cura afirma que «en la existencia de la tortura, el principio de autoridad sigue siendo un elemento básico. No se cuestionan jamás los cuerpos de seguridad y cuando se documentan abusos o torturas se minimizan o se presentan como hechos aislados que el Estado investiga y corrige. El caso de los GAL reúne todos estos componentes. Primero se negó que fuese la policía, poco a poco se demostró y ahora se presenta como un triunfo del sistema democrático».

En cuanto a los torturados, se presentaba el pasado septiembre un informe elaborado por ocho entidades, entre ellas la Asociación Española de Neuropsiquiatría, sobre las consecuencias de la tortura en la salud mental. El estudio se hizo a partir de los testimonios de 45 personas que denunciaron ser víctimas de torturas en el País Vasco durante periodos de incomunicación. Este informe es el primero en hacerse siguiendo las directrices del Protocolo de Estambul, manual adoptado en el año 2000 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, prácticamente desconocido en el Estado español, y que permite diagnosticar tanto la tortura física como psicológica. Ohiana Barrios, psicóloga del colectivo Jaiki Hadi que participó en el estudio, explicaba en las jornadas que «las víctimas de tortura creen que no las van a creer, y la sociedad en general no las cree o bien sienten que su interlocutor no lo puede entender. Además, muchas veces no se sienten legitimadas a denunciar porque creen que no les han torturado tanto como a otras». Y añade: «Lo normal es que las víctimas de tortura ocho años después sigan con síntomas, retraumatizándose».

El papel del cine y la televisión

Uno de los aspectos que se denunció en la jornada fue el papel de series de TV como 24 horas, donde se justifican los abusos policiales para resolver casos bajo presión. «En general, las películas y las series buscan normalizar la renuncia a tus derechos y normalizar las actuaciones policiales abusivas. No sé si los guionistas son conscientes de ello, aunque creo que sí», dijo Ohiana Barros. Recuerdo una película, Sleepers, en la que cuatro niños cometen un homicidio por imprudencia y son enviados a un centro de menores donde sufren palizas y abusos sexuales por parte de varios guardias. Al final —lamento hacer un poco de spoiler—, los guardias son llevados a juicio y se destapa el escándalo. Te quedas con la sensación de que el daño ha sido reparado y, al mismo tiempo, se lanza el mensaje de que el sistema se auto-corrige y de que existen mecanismos jurídicos para que estos hechos, «aislados», sean perseguidos. Pero, como decíamos antes, los cuatro niños víctimas de los abusos, quedan marcados de por vida. Desarrollar esta participación de la gran pantalla como justificadora de los abusos policiales daría para una noticia por sí sola. El gran número de series (Policías, El Comisario, CSI, Castle, Bones, Mentes Criminales, Ley y Orden, The Wire, etc.) nos dan una sensación de vivir en sociedades altamente criminalizadas, algo que en su día ya explicó Michael Moore en Bowling for Columbine, cuando hablaba de la serie Cops.

En cuanto a las noticias y al papel de los medios, es cierto que cada vez aparecen más noticias relacionadas con abusos policiales, en parte gracias a las nuevas tecnologías que permiten a los ciudadanos registrarlas con sus móviles e incluso transmitirlas por streaming. Ahora bien, Del Cura comenta que «con esos contenidos lo que se hace es mercantilizarlos. Hay escándalos, se alimenta el morbo pero no se investiga o cuesta mucho hacerlo».

Los datos de la CPDT

Afirma del Cura que «las denuncias por tortura son síntoma de una sociedad que comienza a ser democrática». En el informe presentado por la coordinadora, que podemos ver en los gráficos finales de debajo, se observa que la mayoría de denuncias son por hechos ocurridos en manifestaciones porque la gente está organizada y sabe como actuar. «En cambio, la mayoría de condenas, pocas, no son ni de disidentes ni de excluidos sociales, sino de ciudadanos individuales a los que los tribunales parecen escuchar más», comenta el portavoz de la CPDT. Sin embargo, desde el Estado, se siguen poniendo trabas a las entidades de la Coordinadora para investigar posibles nuevos casos. «Nos impiden el paso, hay personas que tienen vetadas el acceso a las cárceles o a los Centros de Internamiento de Inmigrantes, se trasladan los presos de cárceles antes de que puedan hablar con abogados… A pesar de ello, nuestra acción de vigilancia hace que las condiciones de comisarías o cárceles en el punto de vida mejoren, si bien muchas veces es porque se dispersan aquellos núcleos de funcionarios que acumulaban muchas denuncias».


Dani Font (Barcelona, 1983) es naturalista y colaborador habitual de medios de comunicación como DIAGONAL, LA DIRECTA y PERIÓDICO CNT. En COMBATE ha publicado “Huxley no tenía razón” y “Solo como”.
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