«Ninguna ley puede estar por encima de los derechos humanos»

En abril de 2012, una ley del PP dejaba sin cobertura sanitaria a más de 800.000 inmigrantes irregulares en España. La respuesta social no se hizo esperar. El Espacio del Inmigrante, un centro autónomo y autogestionado del Raval barcelonés, ofrece desde 2013 asistencia sanitaria primaria a quienes ya no pueden ser atendidos en la sanidad pública. Por BEATRIZ PÉREZ.

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Centro de Atención Médica (CAP) Raval Sud, Barcelona. // JAIME ABASCAL

En abril de 2012, el Partido Popular, que presidía el Gobierno desde noviembre del año anterior, aprobó una de las leyes más duras de la historia de España en las últimas décadas: el Real Decreto-ley 16/2012, un conjunto de medidas urgentes para, según Ana Mato, Ministra de Sanidad, «garantizar la supervivencia del Sistema Nacional de Salud», el cual, aseguraba, corría serios «riesgos». Mediante este Real Decreto-ley, España, cuya sanidad pública había sido considerada en 2010 la tercera mejor del mundo por la revista neoyorquina Newsweek (que destacaba criterios como la universalidad de la que gozaba el paciente), pasaba a cerrarles las puertas a aquellos inmigrantes mayores de 18 años en situación de irregularidad legal, los también llamados sin papeles. Fue así cómo en cuestión de unos meses la titularidad del derecho a la salud en nuestro país dejó de ser universal para estar supeditada a la condición de asegurado.

El Real Decreto-ley 16/2012 ha sido una de las medidas más criticadas del PP. En el momento en que se aprobó, hace ahora más de dos años, había en España más de 800.000 de inmigrantes irregulares. A todos ellos se les retiró la tarjeta sanitaria el 1 de septiembre de 2012, lo que llevó a que colectivos de médicos, ONG’s y ciudadanos consideraran que, encubiertamente, se estaba ejecutando un «apartheid sanitario». La respuesta social no se hizo esperar.

Un barrio inmigrante

El Raval o barrio chino es una de las zonas de Barcelona donde más inmigración hay. Según datos de la entidad B-Raval, en 2012 de un total de 48.962 personas, 24.089 eran de origen inmigrante. Es decir, un 49,2% de los habitantes del Raval (que es, a la vez, uno de los lugares del mundo con mayor densidad de población) procede del extranjero, especialmente de Pakistán, Filipinas, Bangladesh y Marruecos. En pleno corazón del barrio, en el número 2 del Passatge Bernardí Martorell, el Espacio del Inmigrante ofrece gratuitamente desde enero de 2013 atención médica primaria y asesoría legal a aquellos inmigrantes irregulares que se han visto excluidos del Sistema Nacional de Salud español. «Hemos construido esto gracias a los recursos y a la solidaridad vecinal», cuenta Ulises (sociólogo), quien, junto a Manuela (médica) y Dávide (educador social), es el responsable de este pequeñito centro autónomo y autogestionado. De estos tres jóvenes treintañeros, solo Dávide y Ulises permiten a COMBATE desvelar su verdadero nombre; el de Manuela es ficticio. Ninguno de los tres, sin embargo, accede a dar sus apellidos. Un estudiante de derecho les ayuda con la asesoría legal y explica a las personas que acuden al centro en qué situación se encuentran.

Una médica, un sociólogo, un educador social y un estudiante de derecho han puesto en marcha este centro autogestionado, que ofrece asistencia sanitaria, asesoría legal y clases de español a ‘sin papeles’ en pleno corazón del Raval barcelonés.

El Espacio del Inmigrante nació precisamente a raíz del Real Decreto-ley 16/2012 con el objetivo de ofrecer una alternativa a toda aquella población extranjera que ya no podría ser atendida en la sanidad pública de este país. Desde el principio, Ulises, Manuela y Dávide dejan claro su parecer: «Ninguna ley puede estar por encima de los derechos humanos». Para ellos, el Real Decreto-ley del PP es «xenófobo» y «racista» y lo que pretenden con su iniciativa es «construir una base de tejido social en el barrio».

Passatge Bernardí Martorell, donde se encuentra el Espacio del Inmigrante. // JAIME ABASCAL

Passatge Bernardí Martorell, donde se encuentra el Espacio del Inmigrante. // JAIME ABASCAL

«Os pedimos que objetéis»

Aunque reciben material sanitario, de limpieza y escolar (también ofrecen cursos de español) de los vecinos del barrio, los medios del Espacio del Inmigrante son limitados. Un piso limpio y equipado con un cuarto de baño, cocina, un par de aulas y una consulta no bastan cuando la dolencia que el paciente padece es grave. «Aquí solo podemos ofrecer atención sanitaria primaria. Una gripe, paracetamol. Si es algo más grave, vamos con ellos a urgencias», cuenta Manuela.

¿Y qué ocurre una vez llegan a urgencias? «Dos de nosotros acompañamos al paciente [muchos de ellos no hablan español y, por tanto, no poseen recursos para defenderse] y, de entrada, hacemos ejercer al funcionario de turno la obligación de abrirle una ficha», cuenta Manuela. ¿Y si este se niega? «Me saco del bolso el Real Decreto-ley 16/2012, que estipula que toda persona ha de ser atendida en urgencias», responde segura de sí la joven. En efecto, este Decreto-ley solo contempla una excepción en su artículo 3, donde establece que los extranjeros no registrados ni autorizados en España sí podrán recibir asistencia sanitaria en las siguientes modalidades: a) De urgencia por enfermedad grave o accidente; b) De asistencia al embarazo, parto y postparto; c) Si son menores de 18 años.

Cuando la dolencia es grave, dos de ellos acompañan al enfermo a urgencias y, ateniéndose a la ley, obligan a que sea examinado. «El Gobierno juega con la confusión y la ocultación de información», denuncian.

Manuela denuncia que muchos funcionarios desconocen la propia legislación y que precisamente con la confusión, la mala información y la ocultación es con lo que juega el ejecutivo de Mariano Rajoy. En Catalunya, otro tanto de lo mismo, pese a que el Govern, junto a los gobiernos de Canarias y del País Vasco, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra algunos de los puntos del Real Decreto-ley del PP. En su opinión, lo que ha hecho el Conseller de Sanitat, Boi Ruiz (expresidente de La Unió Catalana d’Hospitals, la patronal de la sanidad privada catalana), es una «limpieza de imagen». «La Generalitat dice que en Catalunya ningún inmigrante se queda sin sanidad. Mentira. Al extranjero se le exige siempre estar empadronado», cuenta Manuela. Así, el Govern solo concede la tarjeta sanitaria a aquellos inmigrantes con un mínimo de tres meses de empadronamiento (el cual caduca siempre a los 12) y deja sin acceso a los especialistas a aquellos que llevan empadronados menos de un año. «Esto genera dos niveles de atención lamenta Manuela. Una mayor clasificación». Además, para empadronarse se requiere el pasaporte y muchos no lo poseen, pues viven en la calle, son okupas o mujeres víctimas de trata.

«Nosotros pedimos a los médicos que hagan objeción de conciencia», cuenta Ulises. En los centros de atención primaria (CAP) del Raval, ante una población altamente inmigrante, son muchos los médicos que objetan. Pero no sucede lo mismo en todas partes. Los hospitales españoles ya han empezado a enviar facturas como mínimo de 200€ a inmigrantes irregulares. «Cobrar es disuasorio se queja Manuela, por tanto muchos deciden sencillamente no acudir al médico aunque se encuentren mal».

Las medidas del Real Decreto-ley 16/2012 del PP non han tardado en tener las debidas consecuencias. En 2013, un joven senegalés sin papeles al que se le negó la atención sanitaria en Inca (Mallorca) moría a causa de una tuberculosis. El pasado mes de mayo, Janeth Beltrán, una nicaragüense de 30 años, fallecía en un hospital de Toledo tras cuatro horas sin ser atendida por ningún médico. La joven no tenía tarjeta sanitaria.

Consulta médica del Espacio del Inmigrante. // JAIME ABASCAL

Consulta médica del Espacio del Inmigrante. // JAIME ABASCAL

El sostenimiento de la sanidad

Al rechazo ciudadano generado por estas medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud español se sumaron también denuncias desde Europa. En enero de este año, el Consejo de Europa, a través de un informe de su Comité de Derechos Sociales, reprochó a España que dejara sin atención sanitaria a los inmigrantes irregulares y le recordó que esto iba en contra de los tratados internacionales firmados por el estado. «El Comité [de Derechos Sociales] considera que la exclusión de acceso a la Sanidad a los extranjeros en situación irregular es contraria a los artículos 11 y 13 de la Carta Social Europea», recuerda el informe. La crisis, manifiesta el Consejo, no debe ser la excusa para que se produzca una reducción de los derechos humanos. En efecto, el Ministerio de Sanidad de España alegó motivos económicos para llevar a cabo esta medida, pero la pregunta de muchos fue y todavía es: ¿por qué se le deniega la atención sanitaria pública a un colectivo que apenas hace uso del Sistema Nacional de Salud?

La sanidad pública española se sostiene gracias a los impuestos que gravan la compra de bienes, alcohol, tabaco o gasolina, y no con las cuotas de la Seguridad Social. Se está dejando sin asistencia sanitaria a personas que contribuyen a su sostenimiento.

Manuela, la médica del Espacio del Inmigrante, lo recuerda: «Los inmigrantes que vienen a España son mayoritariamente jóvenes y sanos». Además, precisamente porque muchos viven situaciones de irregularidad legal apenas acuden al médico. La ONG Médicos del Mundo lo dice también a través de su campaña Derecho a Curar. Los inmigrantes no solo no colapsan la sanidad pública española, sino que además hacen menos uso de ella que los autóctonos, como reflejan diversos informes. Constituyendo un 10% de la población española, su presencia en los centros de atención médica supone solo un 5% del total. Médicos del Mundo alerta además de la confusión y desconocimiento de políticos, medios de comunicación y ciudadanía, pues, lejos de lo que se suele considerar, el sistema sanitario no se financia con las cuotas de la Seguridad Social, sino con los impuestos que paga toda la ciudadanía, y que incluyen, por supuesto, a la población extranjera. Por tanto, los inmigrantes irregulares también contribuyen al sostenimiento de la Sanidad, ya que pagan todos los impuestos que gravan la compra de bienes o los impuestos sobre alcohol, tabaco y gasolina (excepto en el caso del IRPF, que es un impuesto que no pueden pagar porque carecen de permiso de trabajo). Es decir, España está denegando la atención sanitaria a personas que están contribuyendo a su sostenimiento.

«Nosotros no existiríamos si no existiera un sector atemorizado que ha dejado asistir a la sanidad pública por miedo de que se le mande a la policía», denuncia Ulises desde el Espacio del Inmigrante. Junto a la atención médica y la asesoría legal que allí ofrecen a inmigrantes irregulares, también dan clases de castellano, hacen cursos de Teatro del Oprimido, proyecciones de cine y documentales, cenadores populares y organizan grupos de acompañamiento que los acogen.

Hay días en que al centro acuden 18 personas; otros días está vacío. ¿Cuántas personas han pasado por el Espacio del Inmigrante desde su creación? «Ni idea, no tenemos archivos. Jamás pedimos papeles ni identificación, así que no podemos hacer cuentas», concluye Dávide.

Recibidor del Espacio del Inmigrante. // JAIME ABASCAL

Recibidor del Espacio del Inmigrante. // JAIME ABASCAL

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4 comentarios

  1. manuel hernandez - August 28, 2014 10:58 pm

    muy interesante el articulo, aunque no sabia que el gobierno dejo sin derecho ala salud a los inmigrantes, es muy fuerte y peligroso.
    no que que quieren hacer con los inmigranyes, que solo llegan a españa a trabajar, no son delincuentes , son currantes.

    es importante difundir esta informacion pro que muchas personas no saben de esta exclusión sanitaria.
    un abrazo a esos voluntarios que hacen lo que el gobierno tendrea que hacer, gracias por ayudar a los nadies.
    saludos

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    • Beatriz Pérez - August 29, 2014 12:19 pm

      Gracias por tu comentario, Manuel. En este link de Médicos del Mundo se explican las siete grandes mentiras que tienden a existir en torno al uso que los inmigrantes hacen sobre nuestra sanidad: “7 mitos (y mentiras) sobre inmigración y sanidad”. De aquí saqué alguna de la información del reportaje. Un abrazo.

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  2. Tamara Pérez - September 1, 2014 6:10 pm

    El Real Decreto 16/2012 de “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones” deja de hablar de beneficiarios y empieza a hablar de asegurados. Sólo tendrán derecho a la sanidad los trabajadores, pensionistas, los que cobren el desempleo o estén anotados como demandante de empleo. El resto, nada. La verdad que nos encontramos en una real situación de violación de los DDHH y racismo institucional. La Ley de Extranjería es un referente claro de la esclavitud del S.XXI y por ello, proyecto sociales como el Espacio de Inmigrante deben ser apoyados. Bravo por el artículo!!!

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    • Beatriz Pérez - September 2, 2014 11:14 am

      Sin duda, estas iniciativas deben ser conocidas. Gracias por pasarte por aquí, Tamara. Un abrazo.

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