Grietas en el muro: elecciones en Etiopía

Las inminentes elecciones etíopes ponen sobre la mesa cuestiones de gran urgencia para dicha nación. El carácter represivo del régimen gobernante, el FDRPE, así como las numerosas y crecientes fracciones internas de la federación etíope, describen un complejo y tenso escenario que lanza una luz incierta sobre el futuro del país. Por ÁLVARO OLIVER.

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Granjero Etíope en el valle de Gibe

Granjero Etíope en el valle de Gibe // Fuente: ILRI

El próximo 24 de Mayo tendrán lugar las elecciones parlamentarias en Etiopía. Serán las primeras tras la muerte en 2012 de Meles Zenawi, ideólogo y líder del país durante dos décadas. El partido dirigente FDRPE (Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope) ha ganado todas las elecciones (cuatro) hasta el momento –las últimas por un amplio resultado que le otorgó el 99,6% de los escaños en 2010. Estas elecciones son una dura prueba para el gobierno, no por el posible resultado (puesto que no parece haber demasiadas dudas sobre su victoria), sino por una serie de nuevos desafíos que se le han ido presentando y que han generado tensiones y fracturas en numerosos frentes.

A mediados de los años 70 unas terribles hambrunas asolaron Etiopía, el hasta ese momento intocable Emperador Haile Selassie y su sistema feudal fueron derrocados. El poder fue tomado entonces por una Junta Militar de ideología comunista, conocida con el nombre de Derg (“comité” en la ancestral lengua Ge’ez, origen del actual amárico) y dirigida por jóvenes mandos militares cuyo líder durante 17 años fue Mengistu Hailemariam. El Derg instauró un paranoico sistema de represión que recibió el nombre de “el terror rojo”. El pánico estaba extendido entre la población, los juicios sumarios de carácter arbitrario estaban a la orden del día y las ejecuciones fueron innumerables. El período del Derg en el poder recoge anécdotas terribles, como la de las familias de los condenados que debían pagar el coste de la bala empleada en la ejecución para poder recuperar el cuerpo sin vida de sus familiares. Dicho régimen fue finalmente derrotado en 1991 por las guerrillas FPLT (Frente Popular de Liberación Tigray), creadores y dominadores del actual partido dirigente FDRPE), FPLE (Frente Popular de Liberación Eritreo, que hoy en día gobierna con puño de hierro la vecina Eritrea), y FLO (Frente de Liberación Oromo); el colapso de la URSS fue clave para que esto sucediera, quedando el régimen comunista de Hailemariam sin el apoyo económico y militar que lo mantenía en el poder. Por su parte, Mengistu Hailemariam escapó a Zimbabwe, donde aún hoy vive bajo la protección de Robert Mugabe.

En 1991 el gobierno de transición redactó la actual constitución, la cual establece un compromiso con las guerrillas que lucharon conjuntamente contra el Derg y, por ende, con las diferentes naciones que componen Etiopía. El resultado fue una división en estados federales en función de la etnia mayoritaria en cada región. En 1995, tras la guerra con Eritrea que condujo a su secesión, se definieron 9 federaciones: Afar, Amhara, Gambela, Harar, Tigray, Ogaden, Oromia, Benishangul/Gumaz y Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur, además de dos ciudades con estatus especial, Adís Abeba y Dire Dawa. La constitución incluye una cláusula clave mediante la cual cualquiera de los 9 estados federales puede independizarse unilateralmente tras convocar y superar un referéndum. Al menos así consta sobre el papel, pero la realidad es que el FPLT domina la coalición del FDRPE dirigiendo el Estado y sus fuerzas armadas con mano de hierro basándose en un modelo fuertemente centralista, y donde la oligarquía política y económica pertenece casi exclusivamente a la región del Tigray o a la Amhara.

Tanque T-62 en Adís Abeba (1991)

Los restos de un tanque T-62 permanecen en una calle de Adís Abeba a la fin de la Guerra Civil Etíope (1991)

El FDRPE tiene un gran crédito tanto fuera como dentro del país, y todavía lo tenía más cuando eran liderados por el carismático Meles Zenawi. Viniendo de los niveles extremos de pobreza, hambruna y subdesarrollo en los que se encontraba el país, todas las mejoras conseguidas se multiplican exponencialmente: espectaculares cifras de crecimiento macroeconómico, aumento de la capacidad de negocio interior y exterior o relativas mejoras en educación y sanidad en áreas rurales. Zenawi afirmaba constantemente que «no hay vínculos entre democracia y desarrollo; ¿la democracia está bien? Sí; ¿la democracia es necesaria? No».

Señalada como una de las economías no petrolíferas africanas de mayor crecimiento por organizaciones neoliberales y expertos occidentales, con un crecimiento de dobles dígitos durante la última década y, según fuentes gubernamentales, en camino de alcanzar la mayoría de los objetivos del milenio hacia 2025, Etiopía ha emergido como un gran atractivo para la inversión. Magnates de la industria textil y multinacionales especializadas en productos agrícolas llevan años entrando en el país, atraídos por los bajos precios de las materias primas, la mano de obra barata, una creciente clase media consumidora, regulaciones laborales a medida y, especialmente, la facilidad del gobierno para conceder grandes extensiones de terreno a grandes corporaciones agrarias. Además es un aliado clave de EE.UU –y por extensión de Occidente– en diversos asuntos regionales como las operaciones antiterroristas, el conflicto de Somalia, la guerra civil en el vecino Sudán del Sur, y tiene un gran peso geoestratégico por su proximidad con Oriente Medio.

El panorama etíope revela un paisaje donde una nación renace de sus cenizas y reclama su lugar como potencia regional. No olvidemos que fue el único país no colonizado de África, actual sede de la Unión Africana y heredera de una tradición imperial milenaria; el legendario orgullo etíope nunca se fue. Este pensamiento está en la mente de los gobernantes, en Adís Abeba. Aunque los líderes nacionales se miren en el espejo del éxito de países de Asia oriental, concretamente en políticas de desarrollo estatales –no pocos expertos señalan las similitudes entre el modelo chino y el etíope–, lo cierto es que muchos entes occidentales observan Etiopía como ejemplo de desarrollo gracias a todo los contrario: donantes privados y recetas neoliberales. Y, ciertamente, desde el gobierno han conseguido vender con éxito este renacimiento y milagro económico a diplomáticos y medios occidentales, generando un discurso y una retórica en la que se encuentran muy cómodos. El propio Meles Zenawi afirmó en multitud de ocasiones que Etiopía no necesita democracia sino crecimiento y desarrollo; o, en palabras de unos de los mayores oligarcas etíopes, Mulugeta Tesfakiros: «¿Qué es la democracia? La oposición necesita el apoyo de la clase media. Cuando tengamos clase media, tendremos una democracia más fuerte. Hasta entonces tendremos una niñera para la democracia. La democracia se basa en la educación y la civilización; el 85% de nuestra población son agricultores, no sabemos leer ni escribir. Cuando tengamos clase media, pelearemos por nuestros derechos».

Sin embargo, la visión del milagro etíope no es más que una imagen incompleta, un tópico. Incluso reconociendo ciertos logros económicos, los beneficios de estos no se extienden más allá del círculo íntimo asociado al partido dirigente. Bajo los anuncios de empresas faraónicas en infraestructura y megaproyectos hidroeléctricos, financiados por el gobierno y gigantes multinacionales, subyace un represivo estado policial y una tendencia a polarizar cada vez más las diferencias étnicas y de clase.

En la misma línea, en un país donde el 60% de la población tiene menos de 30 años, la tasa de desempleo juvenil urbano es superior al 50%. Las nuevas generaciones tienen nuevas expectativas y medios, especialmente internet, para conocer otras realidades, y esto genera una gran frustración que lleva a la población a migrar (por terribles rutas donde arriesgan la vida como la mediterránea o, aún peor, la árabe) o bien a protestar y luchar por un futuro mejor. No es sorprendente que ante esta situación el gobierno sea completamente intolerante ante cualquier forma de disidencia, encarcelando, aislando o incluso condenando a muerte a periodistas, bloggers y activistas. Etiopía es, junto a China, Iran o Corea del Norte, uno de los diez países más peligrosos del mundo para los periodistas. Entre amenazas, exilios forzados o arrestos, el gobierno etíope ha silenciado a casi toda la prensa independiente, empleando la ley antiterrorista vigente a su antojo y dejando desprovistos de cualquier tipo de derechos a los acusados.

Organizaciones de derechos humanos, grupos de control e incluso el Departamento de Estado de EE.UU han documentado abusos y agresiones constantes. Mientras las autoridades preparan el teatro de las elecciones –las quintas desde que el FDRPE tomó el poder en 1991–, muchas cuestiones quedan sin responder. La oposición es más débil que nunca, está fragmentada y casi aniquilada debido a la falta de libertad para organizarse.

Las próximas elecciones son importantes por otras razones también. Etiopía ha sido testigo de algunos eventos interesantes a nivel social (si bien poco sorpresivos) desde los pasados comicios. Entre 2011 y 2013 la tranquila comunidad musulmana etíope realizó una serie de protestas pacíficas y enormemente disciplinadas para denunciar la interferencia del gobierno en asuntos religiosos. En respuesta fueron encarcelados por el gobierno 17 miembros del comité electo que servía para representar a los manifestantes en las conversaciones con sus contrapartes gubernamentales. Para ello emplearon su herramienta predilecta: la ley antiterrorista. Esta sirve para encarcelar tanto a opositores como a manifestantes, periodistas, activistas o… terroristas. Los organizadores de estas protestas han anunciado que volverán a las calles conforme se acerquen las elecciones.

Al mismo tiempo, dentro del propio FDRPE existen voces de descontento. Al ser una coalición un tanto compleja y muy jerarquizada, las tensiones entre grupos competidores y rivales por el poder y la capacidad de influencia pueden conducir a enfrentamientos de carácter étnico. El FDRPE se compone de cuatro principales partidos, que representan a sus respectivas etnias: la Tigriña, la Amhara, la Oromo y las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur. La muerte de Zenawi elevó a Hailemariam Desalegn, originario de la extremadamente diversa región Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur, al puesto de primer ministro. Esta designación nunca tuvo la aceptación de una mayoría de la coalición, incluyendo a socios de su misma región. Pese a ello, las riendas del poder siguen en manos de la élite tigriña. Controlan el ejército, uno de los más potentes de África, y también el resto de cuerpos de seguridad estatales, es decir, controlan el monopolio de la violencia en un estado policial. Las tensiones surgen entre el heterogéneo grupo opositor urbano, siendo este mayoritariamente de la etnia amhara, anterior grupo dirigente, y la oligarquía tigriña.

Mapa regional de Etiopía, donde aparecen los distintos territorios miembros de la federación

Mapa regional de Etiopía, donde pueden apreciarse los distintos territorios miembros de la federación.

La etnia oromo, que comprende la mitad del país tanto en términos de población como de territorio, invadida y marginada históricamente, dejando atrás un largo periodo de paciencia ha comenzado a reclamar sus derechos. Las nuevas generaciones nacidas durante el presente régimen, educadas por primera vez en su lengua nativa, son mucho más exigentes con sus líderes y buscan mayor autonomía. Las redes sociales e Internet están ayudando a construir sólidas relaciones entre los activistas locales y la diáspora oromo, empleando esta vía para consolidar narrativas y agitar a la sociedad en busca de instituciones democráticas, la defensa de los derechos humanos y el fin del reinado del partido único. En abril y mayo de 2014, durante una manifestación en contra de la expansión de Adís Abeba hacia localidades de Oromia, se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que dejaron varios muertos, heridos y encarcelados. Un informe de Amnistía Internacional desvela una flagrante violación de los derechos humanos en relación al pueblo oromo. Alrededor de 5000 oromos estarían detenidos desde 2011 en base a acusaciones –reales o inventadas– de oposición al gobierno central. Pese a que los activistas oromos declaran que el número es mucho mayor, el informe muestra suficientemente la obsesión del estado policial por el control absoluto.

El irresuelto caso oromo y la estrategia del gobierno central de no aplicar el texto constitucional lanza varias dudas respecto al futuro de Etiopía. La ausencia de auténticas elecciones democráticas, libres y justas, deja al pueblo etíope sin ninguna salida para expresar sus frustraciones y deseos. Mientras que los núcleos urbanos opositores señalan la división étnica como el origen de los problemas, el FDRPE considera el sistema federal como el único modo de mantener unido el país. Otros, como los oromo, quienes en principio apoyan también el estado federal, lamentan que en la práctica sea un sistema profundamente centralizado, represivo y anti-democrático.

La situación actual es muy tensa y parece insostenible. Las elecciones ayudarán más bien poco a reducir esta circunstancia. No pocos expertos temen que se repitan las situaciones de inestabilidad sucedidas en las postrimerías de las elecciones de 2005. De hecho, estas tensiones han comenzado ya a manifestarse. El 22 de abril miles de personas marcharon por las calles de Adís Abeba en protesta por la matanza de unos 30 etíopes a manos del Estado Islámico en Libia. Las protestas ciudadanas no se centraron exclusivamente en este episodio, sino que culpaban también al gobierno por falta de oportunidades, trabajo y libertad de expresión (política y social), siendo estas las principales causas de que muchos jóvenes traten de alcanzar Europa u Oriente Medio mediante peligrosísimas rutas migratorias. La respuesta del gobierno fue contundente, empleando cargas policiales y arrestos arbitrarios contra los manifestantes.

El FDRPE enfrenta aún más amenazas e irregularidades, debidas a su política gubernamental. Es el caso de la región Ogaden, zona de mayoría somalí fuertemente controlada por el ejército, vedada a los visitantes y con yacimientos de gas aún por explotar. Esta región es otro de los puntos negros del gobierno: la transparencia respecto a lo que allí sucede es nula, la población local vive fuertemente aislada del resto del país y los pocos informes fiables al respecto señalan una falta de medios materiales y de derechos humanos alarmante. Otro ejemplo es la relación con sus vecinos: la frontera militarizada con Eritrea (enemigo acérrimo con el cual no guarda ninguna relación diplomática, hasta el punto de que existen rumores acerca de presuntos bombardeos etíopes en las minas de oro eritreas), la declaración de guerra a Somalia (que llegó a invadir en 2006-2007), los conflictos con Egipto, Sudán y Sudán del Sur –este último estando además en guerra civil– por el uso del agua del Nilo, y un largo etcétera. El autoritarismo es la norma tanto a nivel interior como en política exterior, lo cual genera continuos conflictos y fracturas.

En vista de los logros económicos y los proyectos faraónicos en infraestructura (presas hidroeléctricas gigantes, yacimientos de gas, etc.), el FDRPE planea abiertamente gobernar Etiopía de un modo indefinido. La oposición está por completo incapacitada tanto para presentar una alternativa real al régimen como para organizar protestas. De la debacle en las elecciones de 2005, el gobierno sacó valiosas lecciones, reduciendo el espacio político al mínimo para no dejar lugar a sorpresas desagradables. Sin embargo, esta estrategia puede conllevar graves perjuicios, ya que al crear el fantasma de la inestabilidad, al no dejar espacio para otras opciones u opiniones, puede convertir el país en una olla a presión destinada a estallar tarde o temprano. La simple sospecha de estos acontecimientos puede afectar profundamente el proyecto económico al que se aferra el gobierno etíope. Aunque es cierto que por ahora el régimen de este país está muy bien protegido por EE.UU y sus socios occidentales, los cuales tienen a Etiopía como el aliado fundamental para controlar el Cuerno de África, y que por ello prefieren mirar hacia otro lado cuando las acusaciones de autoritarismo y falta de derechos humanos surgen en los medios o en la comunidad internacional.


Álvaro Oliver (València, 1987) es filólogo de formación y africanista de vocación. Afincado en Londres, prepara su próximo asalto al continente africano. Hasta ahora, ha publicado en esta misma revista el artículo Fela Kuti en combate: el Afrobeat como arma política y La revolución en Burkina Faso.
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