Étienne Rigal: «Los Derechos Humanos son revolucionarios»

En 2009, Emmanuel Carrère publicó 'De vidas ajenas', libro en que narraba la lucha del juez Étienne Rigal contra los contratos abusivos de ciertas compañías de crédito. Rigal anuló denuncias de estas entidades y dictó diversas sentencias favorables al consumidor, lo que le valió la oposición de muchos magistrados. COMBATE ha conversado con él en Lyon. Por FERRAN BENITO y BEATRIZ PÉREZ.

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El juez Étienne Rigal retratado en su domicilio de Lyon. // B. P.

El juez Étienne Rigal retratado en su domicilio de Lyon. // B. P.

Étienne Rigal (Besançon, 1962) es probablemente uno de los jueces más conocidos de Francia. Y sin embargo dista mucho de situarse en las esferas más visibles de su profesión. Su trabajo se ha desarrollado durante años en los entornos más modestos de la sociedad: entre las clases medias y bajas enfrentadas a menudo a deudas contraídas frente a instituciones de crédito. Fue el escritor Emmanuel Carrère, con la publicación del libro biográfico De vidas ajenas en 2009, quien dio a conocer la lucha de Étienne Rigal. En él, el autor sigue sus pasos desde sus primeros años en Béthune (Pas-de-Calais) como juez de aplicación de penas hasta su puesto de juez de primera instancia en Vienne (Isère), que alcanzó en 1996.

En Vienne, Rigal se enfrentó al caso de numerosas personas de extracción social baja a quienes las grandes compañías de crédito habían denunciado por impago. No obstante, se dio cuenta de que muchos de los contratos que estas entidades hacían firmar a sus clientes no cumplían los requisitos requeridos por la ley, y en vista a ello anuló muchas de las querellas presentadas e incluso dictó sentencias favorables al consumidor. Liderando esta batalla topó con la oposición de muchos magistrados que consideraban que el juez no tenía potestad de denunciar la posible invalidez de un contrato por iniciativa propia.

Frente a este desacuerdo, Étienne Rigal, junto a sus compañeros Juliette Devynck, Philippe Florès y Bernadette Le Baut-Ferrarese, resolvió acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la instancia legal más alta en Europa, para determinar si el juez tenía realmente este derecho, cuestión que obtuvo una respuesta favorable en 2002. Con esta sentencia, que tiene fuerza de ley, se ganaba una pequeña parcela en la batalla contra las grandes sociedades de crédito, en la medida en que por primera vez se le reconocía al juez el derecho a actuar consecuentemente cuando percibía una irregularidad.


En el libro De vidas ajenas de Emmanuel Carrère, el autor explica la batalla legal que usted, junto con otros jueces, llevó a cabo contra los contratos abusivos de ciertas sociedades de crédito. ¿Cómo comenzó todo?

Es complicado de explicar, porque había una situación de derecho francés que quizá no sea la misma que en España. Pero a grandes rasgos, lo que sucedía es que la jurisprudencia del Tribunal de Casación Francés –el Tribunal Supremo– permitía que, aun cuando existiera una ley protectora del consumidor, los jueces no pudieran aplicarla; de un lado, porque era necesario que el consumidor les pidiera de hacerlo –cuando en realidad los consumidores desconocen a menudo la ley–; y además, porque era preciso hacerlo antes de los dos años de la concesión del crédito. Como juez, mi trabajo es que la ley se aplique, y yo no podía aceptar que otros jueces, los del Tribunal de Casación, me dijeran que no era grave si no se aplicaba. Era pues un sentimiento de cólera. Eso por un lado. Después había otra cosa, que para mí era muy importante. Los jueces franceses trabajan en varios planos al mismo tiempo, es decir, tanto pueden llevar un proceso civil como uno penal. De este modo, yo podía aplicar la ley cuando se trataba de enviar a pobres a prisión, pero no podía aplicarla cuando se trataba de protegerlos. Y esto es algo que yo no podía aceptar. Si el pobre viola la ley, es normal que sea castigado. Pero si se viola la ley contra el pobre, es normal que el pobre sea protegido. Mi sentimiento era pues el de no ser un juez en la unidad; no era coherente. No comprendía por qué, en estas circunstancias, yo era juez.

¿De dónde surgió la idea de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea?

Todo comenzó en Barcelona. Fue un juez de Barcelona quien puso por primera vez una cuestión de este tipo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Se trataba del llamado caso Océano Grupo. Este juez o esta juez – ignoro quién era– merece una estatua, porque no hubiéramos tenido la idea sin él o ella. Los jueces de mi generación, al menos en Francia, habíamos aprendido el derecho en la universidad, pero el derecho francés, no el derecho comunitario o europeo. Creo que los estudiantes de ahora aprenden derecho comunitario, pero en mi época no existía. Por lo tanto, yo no habría tenido la idea sin el precedente de este juez español. La verdad es que mis amigos, los jueces Juliette Devynck y Philippe Florès, y yo teníamos mucho miedo, porque si fracasábamos, si el Tribunal de Justicia nos negaba la demanda, se había acabado: el derecho francés continuaría aplicándose del mismo modo, saldría perjudicado. Sentíamos pues que teníamos una gran responsabilidad. Pero al mismo tiempo, yo (y hablo por mí mismo, pero creo que era el caso de todos nosotros) soy alguien incapaz de quedarme sin hacer nada. Así que decidimos jugar el juego de las instituciones.

¿A qué se refiere?

Los jueces franceses pueden aplicar por sí solos el derecho comunitario. Es decir, yo podría haber juzgado diciendo: «Yo interpreto el derecho comunitario, yo juzgo, y yo digo que tengo razón». Pero esto no habría sido un procedimiento respetuoso con las organizaciones judiciales. El primer intérprete del derecho comunitario, el intérprete más legítimo, es el Tribunal de Justicia. Nuestra responsabilidad, y la fuente de nuestra legitimidad en cuanto que jueces es la de interpretar el derecho, pero también la de someter esta interpretación a la autoridad. Es por eso que presenté esta demanda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea: porque acepto sin ningún problema que se me diga que soy un juez militante, pero eso no quita ni debe quitar que sea un juez respetuoso de la ley. Así que pusimos la cuestión, y tuvimos una respuesta positiva. Algunos meses después hubo dos jueces franceses más que pusieron otras preguntas. Y así continuó avanzando. El Tribunal de Justicia ha dado un impulso a la cuestión de los derechos del consumidor. Conozco el caso de otro juez checo que presentó una cuestión similar, y aunque no sé mucho cuál es la situación del resto de Europa, la sensación es que la tendencia se ha extendido por todas partes. Hay jueces de todos los países que han interrogado el TJUE en el mismo sentido.

«Se decía que éramos horribles izquierdistas. Años más tarde, cuando el Tribunal nos dio la razón, el mediador de la República francesa de aquel momento, un hombre de derechas, dijo: “Tienen razón”. Poco después apareció el libro de Emmanuel Carrère. Me hace gracia ver cómo su publicación ha cambiado la visión de la gente»

Los más beneficiados por esta medida han sido en general personas humildes o incluso en circunstancias de exclusión social –aquellos que Emmanuel Carrère llama «los desheredados»–. Usted mismo ha sido definido como «juez rojo», «juez de izquierdas», «juez de los débiles»… ¿Qué piensa usted de estas etiquetas?

Ante todo, me río de ellas. Emmanuel lo dice: soy de izquierdas, no diré lo contrario. Lo que me ha hecho gracia es que durante muchos años, con Philippe y Juliette hemos sido los «jueces rojos». Se decía que éramos horribles izquierdistas, que queríamos desmontarlo todo. Algunos años más tarde, la ley ha sido modificada por la derecha: cuando el Tribunal nos dio la razón, la legislación fue cambiada, y el mediador de la República francesa de aquel momento, un hombre de derechas, dijo: «Tienen razón». Y poco después apareció el libro de Emmanuel Carrère. Desde entonces, dejé de ser el «juez rojo» para ser el «buen juez». Madame Lagarde, la antigua ministra de economía [y actual directora del FMI], dijo, cuando salió el libro, que lo había adorado y nos dio también la razón. Ahora, gracias al libro y también porque el tiempo ha pasado, me he convertido en una figura muy consensual. Nadie dice ya que nos hemos equivocado o que hicimos mal. Incluso una de las revistas más importantes de derecho en Francia, que inicialmente nos había retratado como horribles jueces rojos, publicó, después de la aparición del libro, un artículo intitulado “El buen juez tiene siempre razón”. Yo era el buen juez. Me hace mucha gracia ver cómo el libro ha cambiado la visión de la gente, pero en todo caso no doy ninguna importancia a estas etiquetas.

¿Cuáles fueron las reacciones de sus colegas?

La Magistratura francesa –es decir, los jueces franceses– es en última instancia bastante conservadora –me parece que como todos los jueces de todos los países–. A menudo los jueces no están de acuerdo entre sí, se discute sobre ciertas cuestiones… Sin embargo, yo creo que hay un gran respeto hacia las opiniones contrarias. Desde el momento en que yo tenía una reputación de persona seria y que trabajaba, que emitía juicios bien reflexionados, bien argumentados, lo que hacía era respetable. Nunca tuve problemas en este sentido. Nunca fui dejado de lado o mal considerado.

Carrère cuenta que, cuando usted era todavía estudiante, percibió cierto menosprecio general hacia el derecho de consumo. ¿Cuál es la percepción que se tiene de él dentro del mundo jurídico? ¿Se valoran los aspectos sociales que conlleva?

Lo cierto es que en la universidad, el aspecto social interviene bastante poco. Allí se ocupan de las «materias nobles»: derecho civil, derecho constitucional. El derecho de consumo es un pequeño derecho para los pobres, un derecho más técnico. No es por lo tanto muy valorado. Incluso en los tribunales aún no lo es completamente. La universidad, me parece, es todavía un mundo donde existe un derecho grande y un derecho pequeño. Y el derecho de consumo es un derecho pequeño. Como por casualidad, todos los derechos relativos al pobre son derechos pequeños.

«Para mí la imparcialidad es estar del lado de la ley. La ley es igual para todos, así que si estoy del lado de la ley, estoy del lado de todos»

Usted ha hablado en distintas ocasiones de la necesidad de cierto posicionamiento por parte del juez. ¿Debe entonces el juez ser parcial?

Para mí la imparcialidad es estar del lado de la ley. A veces esto choca un poco cuando lo digo; sin embargo, desde mi punto de vista es cierto. La gente piensa que me intereso por las personas, pero en cuanto que juez no me intereso por ellas: me intereso por que la ley se aplique. Mi trabajo, todo lo que hice, no habría sido posible si no hubiese olvidado la gente. Olvidarme de la gente y concentrarme en la ley, en el contrato: eso es lo que me guía. La ley es igual para todos, así que si estoy del lado de la ley, estoy del lado de todos.

Pero ¿no hay cierta desigualdad implícita en los contratos? Es decir, siempre hay una parte que lo redacta, y que por lo tanto tiene una posición de fuerza evidente respecto a la otra parte…

En el caso del derecho de consumo sí, aunque no en el caso de otros derechos. Pero en este derecho en concreto, se trata de grandes sociedades y de pequeños individuos, así que efectivamente una parte es más fuerte que la otra. Las cláusulas abusivas son las que desequilibran los contratos. Y el derecho está justamente allí para reestablecer el equilibrio.

Y en general, ¿cree usted que los jueces son suficientemente imparciales a la hora de cumplir este rol?

La verdad es que algunos jueces –no todos– tienen todavía una idea moral de las cosas. Hay gente que debe dinero, que es convocada al tribunal y que viene; allí explica por qué debe dinero y se excusa por no poder pagar. En cambio, hay personas que no vienen. Y existe aún la idea de que hay que ayudar a la gente que viene, pero no a la gente que no acude; porque aquellos que se presentan han hecho penitencia, han pedido disculpas, han respetado el tribunal, mientras que los que no han venido demuestran finalmente ser gente sin moral, a quien le da igual todo. Y esto no es verdad: si no acuden es generalmente porque tienen vergüenza, miedo… A menudo veo que las personas no son juzgadas de la misma manera según si se trata de «buenos pobres» o de «malos pobres», de pobres «merecedores» o bien de «no merecedores». Es una visión muy presente todavía en ciertos jueces, cuando lo cierto es que en casi todos los casos, si alguien no paga es porque no puede pagar. Cabe decir que en la Escuela de la Magistratura observo una preocupación real hacia los problemas vinculados a la pobreza, y puede decirse que la cuestión ha mejorado sensiblemente en este punto, pero esa cultura de la moralidad existe aún, y hará falta tiempo para salir de ahí.

«El papel de la ley, y por lo tanto de los jueces, es el de cohesionar la sociedad. Una persona que es desahuciada o que está sobreendeudada es una persona que sale de la sociedad. Y el juez no está allí para excluir, sino para incluir, para que el conjunto permanezca unido»

Según usted, ¿cuál debería ser el rol de los jueces dentro de la sociedad, y más concretamente en el tratamiento de problemas sociales como los que usted ha afrontado?

Yo pienso que el papel de la ley, y por lo tanto de los jueces, es el de cohesionar la sociedad. Una persona que es desahuciada, o bien que está sobreendeudada, es una persona que sale de la sociedad. Cuando veo familias que durante diez años no tendrán dinero para comprar nada porque están sobreendeudadas, sé que su futuro estará lleno de divorcios, de enfermedades, de fracaso escolar… Es gente que es dejada a un lado de la sociedad, y el papel de la ley y del juez, insisto, es el de cohesionar la sociedad: no está allá para excluir, sino para incluir, para que el conjunto permanezca unido.

La batalla legal que usted, Juliette Devynck y Philippe Florès llevaron a cabo culminó con la sentencia positiva del TJUE en respuesta a la demanda prejudicial que ustedes habían planteado. ¿Supuso esta sentencia un cambio positivo en el mundo jurídico?

No, yo creo que no: creo que los jueces continuamos siendo los mismos. Lo que sí ha cambiado algo, más que la sentencia en sí, es la publicación del libro de Emmanuel Carrère. El libro ha dado orgullo a los jueces. Los jueces han sido a menudo muy criticados –algo normal por otro lado–. Pero allí se hablaba de pequeños jueces –no de jueces célebres– para mostrar la importancia de su lucha. Y les ha dado orgullo. Creo que eso ha cambiado las cosas. Hay colegas que ahora me dicen que están orgullosos de continuar, y esto es importante.

¿Las herramientas que usted ha utilizado para afrontar estas problemáticas –pensamos especialmente en la sentencia favorable por parte del TJUE– son válidas en el caso de otros países europeos, como ahora España?

Absolutamente, es aplicable en todos los países de la Unión Europea. Y no solamente los fallos del Tribunal de Justicia son aplicables en toda la Unión Europea, sino que además tienen fuerza de ley. Los jueces no pueden interpretar de un modo distinto al dictado por el Tribunal de Justicia. Si, en nuestro caso, el Tribunal de Casación francés dice algo, nosotros tenemos derecho a decir otra cosa, tenemos derecho a no estar de acuerdo. En cambio, los fallos del TJUE son obligatorios para los jueces. No se trata por lo tanto de que sean aplicables en toda Europa, sino que deben ser aplicados estrictamente en todos los juicios. Todos los jueces están obligados a respetarlos.

Esto recuerda una idea que usted expresa en el libro de Carrère, de que cuanto más alta es una ley…

¡Exacto! Cuánto más alta es la ley, más generosa es. Las leyes más bellas son las de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, las de la Declaración de los Derechos del Niño… Esta última, que es en última instancia la más alta del mundo, es  totalmente revolucionaria: todos los niños tienen derecho a un techo; todos los niños tienen derecho a unas condiciones de vida decentes; todos los niños tienen derecho a una educación… Si se aplicara esto en Francia, en España, pero también en África, sería la revolución. ¿Y por qué son revolucionarios estos derechos? Porque se edifican sobre principios. Porque los gobiernos se dicen: «Bueno, eso está lejos al fin y al cabo, no va a aplicarse». Cuanto más lejos se está de la economía, más generoso se es. Por este motivo, es muy interesante para los jueces nacionales –franceses, españoles…– servirse del derecho comunitario. Por ejemplo, en algunos casos me he visto en la situación de tener que decir que cierta ley no podía aplicarse porque era contraria a la Declaración de los Derechos del Niño. Y en general, en Francia, el derecho internacional es más fuerte que el nacional, se impone prioritariamente. Cuanto más alta la ley, como decía, más cerca estamos de los principios, y de nosotros depende servirnos de ellos del mejor modo. En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es asombroso: sus fallos son muy favorables a la gente. Cuando se trata del derecho de un país es más complicado: están los contratos, las presiones económicas y políticas… Pero el Tribunal Europeo está lejos de todo esto, es mucho más libre. Es por ello que el derecho internacional es revolucionario.

«Cuanto más alta es la ley, más generosa es. Las leyes más bellas son las de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las de los Derechos del Niño… Porque cuanto más lejos se está de la economía, más generoso se es»

La impresión, a veces, es que tales declaraciones son bellas propuestas, pero que son demasiado abstractas, poco realizables…

Pero eso no es cierto. Los Derechos Humanos, los Derechos del Niño son leyes, son tratados. No son literatura: es Derecho. La Declaración Universal, desde el momento en que es signada por un país, debe ser aplicada por esta. Es tan sujeto del Derecho, e incluso más, que la ley misma del país. Es una ley, y una ley internacional, y por ende más importante. Así que cuando la gente dice «sí, pero esto son principios…», hay que responder: no son principios, es la Ley. Es preciso que los juristas recuerden esto: es la Ley, no un discurso, ni poesía.

¿Y cree usted que los jueces se valen suficientemente de las leyes incluidas en estas declaraciones?

Yo creo que a medida que vayamos avanzando, nos serviremos cada vez más de ellas. Es por esto que yo soy firmemente pro-europeo, al contrario de la opinión que tiene ahora mismo mucha gente en Francia, especialmente los jóvenes. Os pondré un ejemplo. Hace veinte años, al hablar del procedimiento penal –cómo se detiene a alguien, cómo se le juzga, cómo se le condena–, se hablaba únicamente desde la perspectiva del derecho nacional. Ahora, en cambio, no se hace otra cosa que hablar de la Convención Europea de los Derechos del Hombre. Ha devenido una parte integrante del derecho, y los jueces le prestan mucha atención. Del mismo modo, el derecho comunitario de consumo está en camino. Llegará, sin duda alguna. Y con la internacionalización, se estará cada vez más atento al derecho internacional –que, repito otra vez, es más generoso–. Puede que no llegue rápido, pero llegará.

«El derecho llega porque hay problemas económicos. Está allí para volver a dar la dignidad a la gente y para tratar de limitar los efectos de la economía. No los anula, pero los limita»

Viendo los numerosos problemas sociales a menudo implícitos en los casos tratados por el derecho de consumo (sobreendeudamiento, desahucios, exclusión social, etc.), ¿existe cierta impotencia por parte del derecho al no poder afrontar estas problemáticas en sus raíces? ¿Cree que esto puede generar cierta frustración entre los juristas?

Bueno, lo que es evidente es que la economía es más importante. La economía siempre va por delante. Podemos proteger a la gente mediante la ley, pero a fin de cuentas lo que va a protegerla realmente es la economía. El derecho no lo puede todo, es más débil que la economía. Si no hubiera crisis económica en España, no habría necesidad de recurrir tanto al derecho. Este llega porque hay problemas económicos. Entonces, el derecho está allí, en primer lugar, para volver a dar la dignidad a la gente –gente que no es necesariamente culpable–, y en segundo lugar para tratar de limitar los efectos de la economía. No los anula: los limita. Soy modesto, sé que mis sentencias no han hecho desaparecer los problemas de la gente, pero los han disminuido. De eso se trataba. Pero los problemas económicos permanecen. Aunque no creo que eso sea causa de frustración en el mundo del derecho: yo creo que todo el mundo sabe que no somos todopoderosos.

¿Qué consejo les daría a aquellas personas que puedan encontrarse en una situación límite de este tipo? ¿Cómo pueden defenderse o actuar?

Hablad. Decid las cosas. No os quedéis en silencio, explicad vuestro caso. Decid qué es posible y qué no es posible hacer por vosotros. Decid quiénes sois, y en qué situación os encontráis. No digo que esto resuelva el problema, pero es la solución que puede funcionar. No dudéis, no os quedéis en casa abrumados por los problemas. Porque a menudo esta gente tiene miedo, o vergüenza, o bien la idea de que los jueces están del lado del fuerte, de que no queda nada por ver o por hacer, y que más vale no intentarlo. Pero hay que ir a hablar, es importante no darse por vencido.


Maquetaci—n 1

 Título: De vidas ajenas (D’autres vies que mienne)

 Autor: Emmanuel Carrère

 Traducción al español: Jaime Zulaika

 Editorial: Anagrama (Colección Panorama de

 Narrativas)

 Año de publicación: 2009

 Código ISBN: 978-84-339-7563-8

 Número de páginas: 264

 Precio: 18 euros


COMBATE agradece la amable ayuda, para la elaboración de esta entrevista, de Javier Cigüela y Bernadette Le Baut-Ferrarese.
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