El potro no cabalga y la doncella no es amable

El titular de este artículo es una frase de la canción 'La corbata colombiana' de Siniestro Total en la que se enumeran diferentes métodos de tortura. Desde que las Naciones Unidas adoptó hace 30 años la Convención contra la tortura, esta ha pasado a estar prohibida en el derecho internacional. A pesar de ello, muchos Estados siguen torturando. Por ALFONSO SÁNCHEZ.

Share on FacebookTweet about this on Twitter
Campaña de la ONG Amnistía Internacional contra la tortura // AI

Campaña de la ONG Amnistía Internacional contra la tortura // AI

A Miriam López Vargas, mexicana de 31 años y madre de cuatro hijos, la secuestraron unos soldados vestidos de civil que la condujeron a un cuartel militar. Estuvo allí recluida una semana, durante la cual la violaron tres veces, la asfixiaron y la electrocutaron para obligarla a confesar su supuesta implicación en delitos relacionados con las drogas. Han pasado tres años, pero ninguno de sus torturadores ha respondido de sus actos ante la justicia. En México los abusos a manos de la policía y las fuerzas de seguridad están generalizados y quedan impunes.

De la Inquisición a la Convención contra la tortura

La frase que da título a este artículo está extraída de una canción de Siniestro Total (La corbata colombiana) en la que el grupo de rock gallego enumera, con aterradora ironía, diferentes métodos históricos de tortura. El potro, ­un instrumento que, en su versión inquisitorial, consistía en unas cuerdas que rodeaban el cuerpo e iban apretándose y atravesando la carne progresivamente­ o la doncella de hierro, ­una especie de sarcófago metálico con numerosos clavos punzantes y oxidados que esquivaban los órgano vitales y hacían desangrarse lentamente a la víctima,­ han sido sustituidos hoy por otros métodos de tormento, en algunos casos tan sofisticados que no dejan huella, pero que constituyen prácticas igualmente salvajes e inhumanas. Otras técnicas se mantienen invariables con el paso del tiempo. La diferencia fundamental entre el siglo XXI y la Edad Media es que, desde que se adoptara hace 30 años en Naciones Unidas la Convención contra la tortura, estas atrocidades han sido prohibidas en el derecho internacional. La gran mayoría de la humanidad considera la tortura injustificable en cualquier circunstancia, pero a pesar de ello muchos Estados siguen torturando.

Motivos para la preocupación

En los últimos cinco años Amnistía Internacional ha denunciado casos de tortura y malos tratos en 141 países. La hipocresía de los Gobiernos sobre este tema es evidente: prohibición en la ley y demasiadas facilidades en la práctica. En un reciente sondeo encargado por Amnistía Internacional a Global Scan, la mitad de las 21.000 personas encuestadas en los cinco continentes confesaban tener miedo a sufrir tortura si eran detenidas. ¿Hay motivos para ello? En nuestra opinión, sí. Y nuestras investigaciones en diferentes países así lo revelan también.

En Nigeria, Moses Akatugba fue detenido por soldados con 16 años. Según cuenta, le golpearon y dispararon en la mano. Luego fue entregado a la policía, que lo colgó de las extremidades durante horas en una comisaría. Todo para que “confesara” haber participado en un robo. Nigeria es otro país en el que la policía y el ejército usan la tortura de forma habitual.

Cambiando de continente, en Uzbekistán la tortura está generalizada, pero es extraño ver a un torturador responder de sus actos ante la justicia. En Filipinas recientemente se descubrió un centro de detención secreta donde la policía maltrataba a los detenidos “por diversión”. Podría seguir citando infinidad de casos, pero valdría la pena recordar otras situaciones que no suelen incluirse en esta categoría y constituyen torturas silenciadas, como ser sometida a un matrimonio forzoso, ser violada por tu marido, agredida para saldar un “crimen de honor”, ser obligada a llevar a término un embarazo inviable aunque sea a costa de tu vida o que en un Centro de Internamiento de Extranjeros no se trate adecuadamente tu embarazo. La mujeres y niñas, también las personas del colectivo LGBTI, son también víctimas de esta tortura silenciosa y siguen enfrentándose a importantes obstáculos discriminatorios para acceder a la justicia, sin contar que en la mayoría de los casos poner una denuncia les enfrenta a nuevos abusos o al estigma social.

El caso de Ali Aarrass, crónica de una tortura anunciada

Las autoridades españolas extraditaron a Ali Aarrass (de nacionalidad belga) a Marruecos a finales de 2010, a pesar de que Amnistía Internacional y Naciones Unidas alertaran de la posibilidad de que fuera torturado. Aarrass fue recogido por unos funcionarios de los servicios de inteligencia que lo llevaron a un centro secreto de detención, donde dice que le aplicaron descargas eléctricas en los testículos, le golpearon en las plantas de los pies y lo tuvieron horas colgado de las muñecas. Según su testimonio, los policías le obligaron a confesar que ayudaba a un grupo terrorista. Ali Aarrass fue declarado culpable y condenado a 12 años de cárcel basándose en esa “confesión”. Sus denuncias de tortura nunca se han investigado, aunque rara vez las autoridades investigan las denuncias de tortura en Marruecos y Sáhara Occidental.

Lamentable ha sido también la actitud de las autoridades españolas y belgas que no impidieron la extradición de Aarras pese al riesgo de que fuera detenido en régimen de incomunicación, sufriera tortura y otros malos tratos y fuera juzgado sin las debidas garantías.

Pero en España no se tortura, ¿no?

Amnistía Internacional no cree que en España se practique de forma sistemática la tortura o los malos tratos, pero la investigaciones realizadas y las denuncias recibidas apuntan a que los casos que sí ocurren no son incidentes aislados, sino ejemplos de fallas estructurales en la prevención, la investigación y el castigo de este crimen de derecho internacional. En un reciente informe, hemos denunciado abusos policiales que pueden constituir torturas y malos tratos en el contexto de manifestaciones contra las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno. También se ha documentado el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contra inmigrantes en situación administrativa irregular en su intento de cruzar las fronteras de Ceuta y Melilla; personas que, tras resultar gravemente heridas, han sido devueltas en muchas ocasiones sin recibir tratamiento médico para sus lesiones. Y en el contexto de la lucha antiterrorista, nuestra organización lleva años denunciando que España mantiene uno de los regímenes de detención en régimen de incomunicación más severos de toda la Unión Europea, una práctica que facilita la tortura y los malos tratos y que aumenta el riesgo de violaciones de derechos humanos contra los detenidos. Una persona detenida en nuestro país puede permanecer hasta 13 días incomunicada, sin acceso a un abogado, a un médico de su elección y sin poder informar de su detención a su familia ni a sus amistades. Finalmente, cuando se prueban casos de tortura o malos tratos, la respuesta ha sido la casi total impunidad para los torturadores y la nula o escasa reparación para las víctimas.

Se necesitan salvaguardias para erradicar la tortura

Pese a la prohibición global y las leyes nacionales contra la tortura, en prácticamente todo el mundo, es preocupante comprobar que este trato bárbaro e inhumano goza de buena salud. ¿Qué hacer? La respuesta está cargada de lógica: Interponerse entre los torturadores y las víctimas. Tener salvaguardias. Que las personas detenidas tengan acceso a abogados desde el primer momento y que estén presentes durante los interrogatorios, que haya médicos disponibles para examinar a las personas detenidas y que estas puedan ponerse en contacto con sus familiares, que las confesiones obtenidas mediante tortura no puedan nunca utilizarse como prueba y que toda persona implicada en actos de tortura comparezca ante la justicia…

El camino no es fácil, no es sencillo meterse en las cloacas de los Estados, pero Amnistía Internacional acaba de lanzar su campaña global STOP TORTURA para conseguirlo. No podemos tolerar salvajadas medievales en pleno siglo XXI. Las víctimas tienen que saber que no nos olvidamos de ellas, que no están solas. El horror del potro y la doncella, de las descargas eléctricas o las violaciones bajo custodia policial, la brutalidad de causar intencionadamente un grave sufrimiento físico o mental a un ser humano han de ser desterradas por siempre de este mundo.


Alfonso Sánchez (Ciudad Real, 1980) es el presidente de Amnistía Internacional España.
Share on FacebookTweet about this on Twitter

Comparte tu opinión